Cuando ya han pasado casi 20 días de movilizaciones a lo largo del país, poco a poco comienza a abrirse el dialogo ciudadano en distintas partes de Chile, por lo que Curacaví y María Pinto han empezado a hacerse presente con el objetivo de abrir un nuevo proceso para una nueva Constitución de la República, ya que durante las protestas se ha comenzado a gestar una organización de forma espontánea para derogar dicha constitución y abrir así un nuevo proceso constituyente para Chile.

De manera totalmente espontanea, la asistencia de la gran mayoría de vecinos ha permitido que se logre una organización en cada jornada de manifestaciones, donde también se suman el aporte de algunos grupos o colectivos que realizan sus propias convocatorias, donde todos buscan el objetivo común, de abrir un nuevo proceso constituyente, algo que ha comenzado a sentirse con cada vez más fuerza en todas las protestas a lo largo de Chile. Entre ellos se encuentran vecinos, dueñas de casa, profesionales, así como estudiantes que quieren aportar a la auto formación en torno a la educación cívica de un nuevo mecanismo de reforma constitucional, todo a través de una Asamblea Constituyente.

No hay duda de que se ha criticado al gobierno y la clase política en general de no estar escuchando las demandas de la ciudadanía en este estallido social, haciendo más urgentes los cambios institucionales que se requieren para terminar de una vez con los abusos. Según como se vislumbra el panorama, es muy probable que las movilizaciones no terminen por lo pronto, ya que es un proceso netamente colectivo y sin ningún liderazgo institucional de por medio, hecho desde la gente para y por los ciudadanos.

Hace unos días, el presidente Sebastián Piñera no descartó debatir eventuales modificaciones a la constitución, lo que debe ir analizándose en concreto. El lunes 4 de noviembre se aprobó la idea de legislar una serie de proyectos de reforma constitucional que permiten la participación ciudadana en la reforma a la Constitución, entre ellos modificar el capítulo XV, así como la realización de una Asamblea Constituyente.

ILEGITIMIDAD

Mucho se ha dicho que, a pesar de ser legal, la Constitución de la Republica de 1980 es considerada, a nivel nacional y global, como una constitución ilegitima, al haber sido elaborada en un periodo de dictadura, en la cual la Asamblea Constituyente -entidad encargada de elaborar los principios y valores en los cuales debe desarrollarse un Estado- fue nominada arbitrariamente por Augusto Pinochet. Además, el proceso de escrutinio de 1980, carece de toda legitimidad, ya que fueron soldados quienes se llevaron las urnas a los cuarteles, siendo entregados los resultados posteriormente por la Dictadura de Pinochet sin la participación de agentes externos ni visto buenos de los vocales de mesa.